Modelo de Descargos Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario PAD

Modelo de escrito de descargo al inicio de PAD, con sustento respecto a vulneración de los principios de causalidad y debida motivación.

SUMILLA: PRESENTO DESCARGOS

Señores

GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO

…………………………………….

Jr. Washington N° 1894

Lima.-

Atención         :           ………………………….

                                    Gerente

Referencia      :           Carta N° …………………………./ONPE

……………………, identificado con DNI N° …………….., con domicilio real y procesal en Av. Del Aire N° 1507, Urb. Las Viñas, distrito de San Luis, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico …………………………….., en virtud al documento de la referencia, de fecha 24 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Corporativa de Potencial Humano de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en adelante ONPE, ante ustedes digo:

Que, recurro a su respetable despacho al amparo del numeral 14 del Art° 139° de la Constitución, inciso (2) del Art° 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 y el Art° 111 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, en ejercicio de mi derecho constitucional de defensa y contradicción, dentro del plazo de ley FORMULO DESCARGOS contra el Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, donde se me imputa presunta vulneración de la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, en su artículo 6°, numerales 2, 4 y 5, artículo 7°, numeral 2 y se plantea la posible sanción por la falta cometida de Suspensión prevista en el Artículo 88° de la Ley Nº 30057, a las que procedo responder en los siguientes fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:

RESPECTO A LA SUPUESTA DECLARACIÓN NO VERAZ AL MOMENTO DE LA POSTULACIÓN

De acuerdo al documento al que se hace descargo, habiendo iniciado el proceso de verificación posterior de los documentos que acreditan y forman parte de los legajos de personal, la Subgerencia de Recursos Humanos solicitó a la Gerencia de Talento Humano del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, mediante Oficio N° …….-2019-SGRH-GCPH/ONPE, de fecha 09 de mayo de 2019, se valide el contenido y emisión del Certificado de Trabajo N° ……….-2013, de fecha 3 de julio de 2013.

En ese sentido, mediante Oficio N° ………….-2019/GTH/RENIEC, de fecha 20 de mayo de 2019, la Gerencia de Talento Humano del RENIEC, informó que de la revisión del legajo personal de la suscrita, se pudo constatar que trabajó en la referida institución, del 21 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2013, siendo mi último cargo el de Operario de Notificaciones, en la Subgerencia de Depuración de Identificación de la Gerencia de Registro de Identificación, bajo el alcance del DL 1057; no obstante se señala que el Certificado de Trabajo CAS N° ………..-2013, de fecha 3 de julio de 2013, no es fiel al cargo original suscrito, el cual se remitió adjunto al Oficio en mención.

En virtud a la información remitida, la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios de la Entidad solicitó se remita el original del certificado de trabajo en cuestión, lo cual no ha podido ser remitido por no tener en mi posesión dicho documento, toda vez que se trata de un documento emitido en el año 2013 y que se ha extraviado, ante lo cual solicité el original del legajo personal a la RENIEC, sin tener respuesta a la fecha.

Ante la información remitida por el RENIEC a la Subgerencia de Recursos Humanos del ONPE, se señala en el documento de imputación, que “Se puede apreciar evidente discordancia entre el Certificado de Trabajo CAS N° ………..-2013, de fecha 02 de julio de 2013, (…) por lo que se presume que habría sido adulterado el contenido de la misma.”

Del mismo modo, se indica en el documento de imputación que “A partir de lo expuesto, se aprecia que el hecho de laborar para la Entidad a sabiendas de la declaración de información no veraz para el inicio del vínculo laboral tiene carácter permanente (…)”; haciendo referencia a la calidad del documento en cuestión, imputando un negado conocimiento de alguna supuesta irregularidad o falsedad en el mismo.

Es importante señalar que desde el 21 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2013, presté servicios para el RENIEC, bajo la modalidad CAS, en diferentes puestos y/o funciones a lo largo del periodo laborado, solicitando a mi cese, el correspondiente certificado de trabajo por convenir a mi derecho. No obstante, con fecha 2 de julio de 2013, al apersonarme a las oficinas de dicha entidad ubicadas en el Centro Cívico se me indicó que el certificado solicitado no se encontraba preparado, motivo por el cual solicité hablar con el Gerente de Talento Humano a fin de presentar una queja por dicha demora, ante lo que se elaboró un certificado de trabajo en dicho momento, el cual incurrió en ambigüedad por señalar solamente el último cargo ocupado, solicitando del mismo modo un nuevo certificado de trabajo, emitiéndose el certificado de trabajo cuya copia presenté a la convocatoria de la ONPE.

Es preciso indicar que desde la fecha de expedición de dicho certificado, por motivos personales he tenido que cambiar de domicilio en cuatro oportunidades, por lo que a la fecha no cuento con el certificado original, sin representar dicha situación, ningún reconocimiento ni prueba de culpabilidad respecto a las imputaciones que se me realizan.

En tal sentido, es necesario precisar que el documento presentado ha sido entregado por servidor en función de la RENIEC, el cual, por razones que se encuentran fuera de mi voluntad, no ha sido registrado en mi legajo personal, habiéndose registrado el certificado primigenio, negando la imputación de haber presentado un documento falsificado al proceso de convocatoria CAS y que con cuyo conocimiento me mantuve prestando servicios en la Entidad.

PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

De acuerdo a lo indicado en la resolución, en relación al principio de culpabilidad en el ejercicio de la potestad sancionadora, recogido en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444, el cual determina que la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva, garantizándose de esta forma, que una sanción sea aplicada solo si se acredita en el procedimiento sancionador que el sujeto ha actuado de manera dolosa o culposa en la comisión del hecho infractor y no únicamente por la conducta; es necesario que la Entidad proceda a la realización de un análisis exhaustivo de la conducta infractora y la intencionalidad o grado de reprochabilidad del servidor presuntamente infractor, a fin de evitar la vulneración de los derechos del mismo o evitar futuras nulidades en el caso de la posible determinación de responsabilidad.

No obstante, pese a la obligación por parte de la entidad de acreditar o sustentar la culpabilidad del imputado, se señala posteriormente que la suscrita habría actuado con dolo “al proceder con voluntad y entendimiento de la consecuencia que tendría su conducta de laborar en la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, con conocimiento de haber declarado información no veraz en su hoja de vida al momento de su postulación al proceso CAS N° ……-2019, al presentar el Certificado de Trabajo CAS N° ……-2013, de fecha 02 de julio de 2013, presuntamente adulterado en su contenido.”, sin haberse realizado el análisis de la culpabilidad de la suscrita, conforme corresponde de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, limitándose la autoridad instructora en señalar de manera primigenia que “Se puede apreciar evidente discordancia entre el Certificado de Trabajo CAS N° ………-2013, de fecha 02 de julio de 2013, (…) por lo que se presume que habría sido adulterado el contenido de la misma.” para pasar a determinar posteriormente “(…) se aprecia que el hecho de laborar para la Entidad a sabiendas de la declaración de información no veraz para el inicio del vínculo laboral tiene carácter permanente (…)”, sin que medie análisis alguno de la presunta culpabilidad (solo o culpa) de la suscrita, evidenciándose un  vicio de nulidad insalvable en el acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario.

PRINCIPIO DE CAUSALIDAD

El Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende los derechos a: exponer argumentos, exponer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración”[1].

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la realización de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 246º del TUO de la Ley Nº 27444[2], señala cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa, dentro de los cuales se enumera el Principio de causalidad.

En relación a la aplicación del Principio de Causalidad dentro de la potestad sancionadora de la administración pública, de conformidad con el numeral 8 del artículo 246º del TUO de la Ley Nº 27444, ésta es la condición indispensable para aplicar una sanción a una persona determinada, satisfaciendo la relación de causa adecuada entre la conducta de la persona y el efecto dañoso irrogado o la configuración del hecho previsto como sancionable, pues no puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Cabe tener presente también, que mediante el principio de la carga de la prueba se establece que es al pretensor, entiéndase quien pretende el reconocimiento de un hecho invocado, al que le corresponde probar; y, en el presente caso, corresponde a la Administración Pública comprobar los hechos que se me imputan, dándoles certeza para poder luego pronunciarse mediante un acto administrativo debidamente fundamentado[3], como debe ser en el presente caso la Carta de la referencia, en la cual se me imputa la falta grave y, asimismo, solicito se sirva señalar de manera clara y no ambigua cuál es el elemento de prueba que demuestra de manera indubitable la falsedad del certificado de trabajo emitido por la RENIEC presentado, o en su defecto, en el supuesto negado de tratarse de un documento adulterado, el elemento de prueba o análisis que demuestre el conocimiento de la suscrita del mismo en la convocatoria al proceso CAS y durante mi permanencia como servidora de la Entidad.

PRINCIPIO DE DEBIDA MOTIVACIÓN

La debida motivación en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico constituye, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General[4], un requisito de validez del acto administrativo que se sustenta en la necesidad de “permitir apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública”[5].

El incumplimiento del deber de motivación del acto administrativo comprende dos supuestos principales: la carencia absoluta de motivación y la existencia de una motivación insuficiente o parcial. En el segundo caso, de tratarse de un vicio no trascendente, prevalecerá la conservación del acto a la que hace referencia el artículo 14º del TUO de la Ley Nº 27444[6]; mientras que, en el primero, al no encontrarse incluido en dicho supuesto, el efecto es la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 10º de la misma Ley[7].

Sobre el particular, es necesario considerar que la exigencia de motivación de las resoluciones administrativas ha sido materia de pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional, en adelante el TC, que ha precisado su finalidad esencial del siguiente modo:

“La motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación”[8].

En tal sentido, en la interpretación del TC:

“Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”[9].

En consecuencia, en atención al deber de motivación del acto administrativo y al principio de tipicidad, las entidades públicas están en la obligación, tanto al momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, como al momento de resolver la imposición de una sanción, de motivar adecuadamente sus decisiones lo que implica, no sólo señalar cuál es la norma, disposición u obligación que se ha incumplido, sino también de precisar cuál es la correspondiente falta presuntamente cometida, la misma que debe tener correlato con los hechos expuestos; debiendo además analizar y emitir pronunciamiento acerca de cada uno de los cargos y descargos presentados por la impugnante, en la oportunidad que corresponda.

Ahora bien, en el caso en particular, al no haberse expuesto de forma expresa, clara y precisa las razones fácticas por las cuales se me atribuye responsabilidad en los hechos señalados como faltas administrativas, se tiene que la Carta N° 342-2020-GCPH/ONPE, no ha sido debidamente fundamentada.

Del mismo modo, se aprecia en el documento señalado precedentemente, una simple enumeración de las normas presuntamente vulneradas, indicándose textualmente:

Norma vulnerada

Considerando la premisa normativa y precedente vinculante citados, debemos efectuar la remisión específica a las normas que presuntamente habrían sido vulneradas por la servidora involucrada:

  • Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley 27815

Artículo 6°.- Principios de la Función Pública El Servidor Público actúa de acuerdo a los siguientes principios:

(…)

2. Probidad Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.

4.Idoneidad Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

5. Veracidad Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

(…)

Artículo 7° Deberes de la Función Pública El Servidor Público tiene los siguientes deberes:

(…)

2. Transparencia

Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica.

El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna.

(…)

En ese sentido, existiría indicios de responsabilidad por parte de la servidora ………………………., quien habría incurrido en actos sancionables con suspensión sin doce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses por la presunta comisión de la falta administrativa señalada en el numeral q), del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.”

Evidenciándose carencia total de motivación en la imputación de las presuntas normas señaladas, puesto que como se puede apreciar, sólo se señala que la suscrita habría incumplido dichas normas sin la realización de ningún examen de interrelación entre los hechos y la configuración de la falta imputada, situación, que en opinión del Tribunal del Servicio Civil, vulnera el principio de tipicidad y el deber de motivación, al no haber expuesto el correlato de cada una de las presuntas faltas cometidas con los hechos y/o imputaciones expuestas.  

POR LO EXPUESTO:

Solicito a su despacho, evaluar los descargos, y considerar que en mi persona no existe responsabilidad alguna y se proceda a archivar el presente procedimiento disciplinario.

Lima, ……………….. de 2021

__________________________

………………….

DNI N° ……………………


[1] Rubio Correa, Marcial (2006) El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p.220.

[2] TUO de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

   Artículo 246º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;

c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

d) EI perjuicio económico causado;

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la

tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por

lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.

c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.

[3] TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a  exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten (…)”.

[4] TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…)

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. (…)”.

[5] MORÓN Urbina, Juan (2009) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava Edición. Lima, Gaceta Jurídica. p. 157.

[6] TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo 14º.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…)

14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. (…)”.

[7] TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo 10º.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (…)”.

[8] Sentencia recaída en el Expediente Nº 4289-2004-AA/TC, Fundamento Noveno.

[9] Sentencia recaída en el Expediente Nº 0090-2004-AA/TC, Fundamento Trigésimo Cuarto.

Entradas creadas 19

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba